Durante los últimos días hemos asistido a un aluvión de declaraciones entorno al cierre de determinados Puntos de Atención Continuada (PACs) en Castilla-La Mancha. En muchas de ellas, para sorpresa de los profesionales de Atención Primaria y de esta sociedad científica, la población recibe una información errónea sobre la actividad asistencial realizada en los PACs y, por ende, en los centros de salud.
En primer lugar, afirmar que los equipos de los PACs sólo tratan urgencias de baja complejidad como otitis, migrañas, catarros o lumbalgias y que, ante urgencias importantes, los profesionales de Atención Primaria únicamente pueden derivarlas a un centro hospitalario es rotundamente falso, confunden a la población y se han intentado avalar desde informes técnicos de la Gerencia de Urgencias y Emergencias, que depende del propio SESCAM, y que nunca ha tenido competencias en la organización asistencial de la Atención Primaria y, por tanto, de los PACs. La realidad demuestra que los profesionales médicos y de enfermería de Atención Primaria atienden, tanto en el propio centro como fuera de éste en el ámbito rural, urgencias vitales como paradas cardiorrespiratorias, infartos de miocardio, arritmias cardiacas, edema agudo de pulmón, obstrucción de la via aérea, etc., aplicando de inmediato soporte vital y tratamientos avanzados necesarios para la recuperación y estabilización del paciente hasta la llegada de la UVI móvil.
Por otra parte parece necesario recordar que los 21 PACs que se cierran en horario nocturno corresponden, en muchos casos, a centros de referencia de zonas básicas de salud completas, cada una de las cuales incluye varios núcleos de población, por lo que el número de municipios afectados es considerablemente mayor de los 21 mencionados habitualmente.
La calidad asistencial, que debe ser el referente para la gestión sanitaria, se basa en tres puntos fundamentales: la competencia profesional, la optimización de los recursos disponibles y la satisfacción del usuario. Respecto a la primera baste indicar dos hechos: los profesionales de los centros de salud están capacitados para atender urgencias importantes porque eso forma parte del programa formativo de su especialidad (Medicina Familiar y Comunitaria) en el caso de los médicos y por haber recibido una formación continuada específica dirigida a médicos y enfermeras en la que el SESCAM ha invertido importantes recursos los últimos años. En segundo lugar, en numerosas ocasiones son precisamente los PACs el primer recurso movilizado desde el 112 cuando se precisa una respuesta sanitaria urgente, especialmente en las zonas rurales, siendo la primera asistencia prestada por los profesionales de Atención Primaria, antes de la llegada de la UVI móvil, uno de los factores determinantes para la resolución satisfactoria de una emergencia. La satisfacción de los usuarios, como siempre nos recuerda el propio SESCAM con las encuestas que realiza, es muy elevada con la Atención Primaria regional. La propia movilización social en contra de las medidas de cierre de los PACs ya supone un aval para la labor realizada por los centros de salud. La adecuación de los recursos disponibles siempre ha sido un tema esencial para esta sociedad científica. Durante todos nuestros años de existencia hemos estimulado y participado en múltiples iniciativas, tanto con el INSALUD como con el SESCAM, cuyo objetivo era maximizar la eficacia y efectividad de los recursos disponibles. Es de lamentar que todas estas propuestas y grupos de trabajo han tenido un resultado muy parcial debido a la falta de implicación de la administración a la hora de su implantación. En el caso de los PACs es muy difícil sostener la ineficacia de un servicio que resuelve el 92% de las demandas atendidas sin derivar a otro ámbito asistencial y, si estos centros son menos resolutivos por falta de recursos, queda a expensas del Servicio de Salud la dotación de los mismos.
Esperamos desde la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria que, al menos, se informe correctamente a la población y que las decisiones que supongan un cambio en el modelo sanitario sean tomadas con el mayor consenso posible y la participación de las distintas instituciones representativas de profesionales y pacientes, especialmente de las sociedades científicas que siempre nos hemos mostrado receptivas a las iniciativas de la administración y leales a las decisiones tomadas de común acuerdo. Solo así se podrían asumir determinadas modificaciones puntuales en el diseño de los recursos ofrecidos, siempre con el debido soporte argumental basado en datos públicos y rigurosos. En ningún caso las decisiones políticas pueden ser avaladas mediante el descrédito a la labor de los profesionales.
