La sesión de debate sobre la Ley de Eutanasia que ha tenido lugar esta tarde ha despertado gran expectación. No solo es un tema de máxima actualidad, además los ponentes eran de gran categoría. Silvia Vega García ha sido quien ha presentado a Carmen Tomás-Valiente, profesora titular de Derecho penal UIB; Miguel Melguizo Jiménez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Almanjáyar de Granada; y Oriol Lafau, psiquiatra.
La jurista ha querido dejar claro que la ley no es una despenalización o una renuncia al castigo, sino que ha convertido la eutanasia en un derecho subjetivo y jurídicamente exigible por parte de los ciudadanos; una prestación pública en el sistema sanitario. Pero ha aclarado que cuenta con un sistema de autorización administrativa previa por la CGE y que es una medida que se tomará en casos excepcionales.
De hecho, solo se puede poner en marcha en caso de estas dos situaciones habilitantes. Por un lado, en caso de enfermedad grave e incurable; o de un procedimiento grave, crónico o imposibilitante. En ambos casos, hay que completar un circuito que comienza con una primera solicitud por escrito a un médico responsable; y acaba con el acompañamiento no solo al paciente, sino también a sus familiares, aún después del fallecimiento.
“Para que la ley se pueda poner en funcionamiento es necesario que haya garantías, que exista una serie de trámites e instrucciones”, ha comentado Tomás-Valiente.
Miguel Melguizo Jiménez, ha basado su exposición en el papel del médico de AP a lo largo de este proceso. Para ello ha querido aclarar que “las funciones del médico de familia van más allá de salvar vidas. Tienen que ver también con el acompañamiento, la prevención de salud…”. Los objetivos del médico de familia van cambiando a medida que los pacientes se hacen mayores, según pasamos del buen estado de salud a la complejidad, la terminalidad y la agonía. “Lo más importante van a ser las decisiones compartidas”.
En la actualidad, con la posibilidad de la eutanasia y el suicidio asistido se puede plantear otras opciones cuando hay situaciones de cronicidad o terminalidad con sufrimiento extremo existencial. Al igual que la jurista, el médico ha querido recordar que solo se justifica desde la excepcionalidad. Cuando se han acabado los recursos intermedios.
Melguizo ha hablado también de los temores habituales a los que enfrenta el médico de familia, como la posible desprotección de los más vulnerables, como menores, personas con deterioro cognitivo o con precariedad social y falta de soporte familiar. En ese sentido ha señalado la importancia de la Medicina Familia y ha recordado que “no habrá una atención digna al final de la vida sin una AP digna”. Y ha finalizado: “Nadie mejor que nosotros podrá hacer el trabajo de acompañamiento en el final de la vida de nuestros pacientes”.
Finalmente, el psiquiatra Oriol Lafau, coordinador autonómico de Salud Mental, solicitó a médicos y sociedad que “no se estigmatice este proceso”. Por eso se mostró en contra de que quien lo solicite pase obligatoriamente por la visita de un psiquiatra. “Se debe presuponer la capacidad de quien lo pide, no la incapacidad. El médico debe valorar si esa persona tiene la capacidad de tomar la decisión ante el dilema que se le presenta. Pero cuenta con herramientas por si tiene dudas”.
Y, puesto que este proceso puede afectar emocionalmente a las personas que están implicadas, “deben contar con un soporte para afrontar el duelo. Para ello se han creado grupos de reflexión de tareas que ayudan a que los profesionales a que puedan hablar de sus preocupaciones.”
En el turno de preguntas que continuó tras las ponencias, se habló del las objeciones de conciencia. Carmen Tomás-Valiente recordó que “tiene unas posibilidades amplias porque no es necesario hacerse objetor con anticipación. Incluso se puede ser objetor sobrevenido”. Y Miguel Melguizo aclaró que “se puede ser objetor o no, pero no obstaculizante”.
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